Norma 1 en materia de coordinación: Coordinación

l Se debe dar amplia representación a una comisión de coordinación interinstitucional encargada de coordinar la respuesta educativa. La autoridad educativa nacional debe dirigir la respuesta, pero las autoridades y los grupos locales deben tener una representación adecuada. En los casos en que las autoridades educativas carezcan de capacidad o legitimidad, se puede asignar una función de dirección a diferentes organismos, por acuerdo.Un grupo de coordinación de la educación ya establecido debe asumir estas responsabilidades o, si se activa el sistema de grupos sectoriales de IASC, se debe establecer un grupo sectorial de educación. Sin embargo, siempre debe participar en la toma de decisiones un representante de la autoridad educativa pertinente. Pueden ser necesarios grupos de coordinación a nivel nacional y local, según la naturaleza de la crisis. En los términos de referencia de la comisión se deben establecer las funciones y responsabilidades de los miembros.

En las actividades de coordinación se deben considerar todos los niveles y tipos de educación, incluso el desarrollo de la primera infancia y la educación primaria, secundaria, no formal, técnica, profesional, superior y de adultos.

Para la implementación exitosa y oportuna de programas de educación de calidad en emergencias, incluida la etapa de recuperación, se necesitan fondos considerables. Se debe hacer el máximo esfuerzo para garantizar enfoques financieros inclusivos, transparentes y coordinados, incluso a través de llamamientos urgentes y de llamamientos unificados. En emergencias agudas, el fondo central de Naciones Unidas para la acción en casos de emergencia y otros fondos de respuesta a emergencias pueden proporcionar recursos para la educación. Se debe facilitar el acceso de los asociados locales a los fondos.

Los arreglos financieros de emergencia deben considerar las tradiciones y las condiciones del mercado de trabajo a nivel nacional y regional, y evitar sentar precedentes que no puedan mantenerse. La asignación de recursos debe basarse en el análisis político, en particular en situaciones de conflicto, para no promover la división. Es esencial una política coordinada para la remuneración de los maestros y otro personal educativo y para otros pagos y gastos relacionados con la educación. Los arreglos financieros de emergencia deben armonizarse con arreglos de más largo plazo (por ejemplo, con fondos fiduciarios de varios donantes, o creando modalidades financieras como fondos comunes o financiación nacional) para apoyar intervenciones sostenibles. Se debe considerar también la obtención de fondos del sector privado, en particular para la educación y formación técnica y profesional.

Esta gestión comprende:

• análisis de las necesidades, las capacidades y la cobertura;
• recopilación, almacenamiento, análisis y puesta en común de la información;
• monitoreo y evaluación;
• lecciones aprendidas que sirvan de base para prácticas futuras.

Los sistemas eficaces de gestión de la información y el conocimiento se basan en los sistemas nacionales y los mejoran, en lugar de duplicarlos. Es esencial la participación de asociados nacionales y locales, como los que trabajan en protección de la infancia, apoyo psicosocial, refugio, agua y saneamiento, salud y primeras tareas de recuperación. Las autoridades nacionales y locales son las que deben concebir y poseer los sistemas de gestión de la información y el conocimiento a largo plazo.

Estos análisis dirigidos a determinar la capacidad y las deficiencias en la respuesta educativa deben emplear y adaptar la guía práctica para el análisis conjunto de las necesidades en materia educativa (Joint Education Needs Assessment Toolkit), del grupo sectorial mundial de educación, u otras herramientas de análisis de necesidades que se hayan acordado de antemano. En las actividades de preparación y planificación de contingencia se debería incluir la capacitación sobre el uso de estas herramientas. Si hay interesados individuales que realizan análisis educativos, deben compartir las conclusiones y los datos con las autoridades educativas y el grupo de coordinación en general, para apoyar la respuesta coordinada. En algunos países, el análisis rápido multisectorial, que incluye preguntas sobre la educación, se realiza dentro de las 48 horas siguientes al inicio de una emergencia. En este caso, se requiere coordinación con otros sectores, como los de salud, agua y saneamiento, y refugio.

Aunque los interesados individuales tienen sus propios mandatos, todos deben acceder a rendir cuentas en materia de coordinación e intercambio de información. Esto significa ser transparente sobre la recopilación y el uso de la información, para que sirva de apoyo a la planificación del trabajo. Si hay deficiencias críticas en la respuesta educativa, el grupo sectorial de educación del IASC u otro mecanismo de coordinación es responsable de garantizar que todos los interesados pertinentes traten de corregir esas deficiencias a fin de atender las necesidades prioritarias. El monitoreo y la evaluación coordinados pueden facilitar la rendición de cuentas a las personas afectadas mediante el uso compartido y abierto de la información acerca de los resultados de la tarea educativa. También pueden servir de apoyo a la aplicación de las Normas mínimas de la INEE y los principios humanitarios subyacentes al destacar qué ámbitos requieren un mayor esfuerzo. Las instituciones nacionales de defensa de los derechos humanos deben facilitar y vigilar el cumplimiento de la obligación de las autoridades nacionales de atender el derecho de la población afectada a la educación.

Este enfoque implica que todos los interesados trabajan para que la respuesta educativa esté bien coordinada y produzca los resultados deseados. El monitoreo y la evaluación continuos de la coordinación de las respuestas educativas permite que se reconozcan y corrijan las deficiencias de coordinación.