Norma 2: Protección y bienestar

Un ambiente de aprendizaje seguro ofrece protección frente a amenazas, peligros, lesiones o pérdidas. Un ambiente seguro está libre de daños físicos o psicosociales.

Las autoridades nacionales tienen el deber de garantizar la seguridad. Esto incluye una vigilancia suficiente y de buena calidad, así como el despliegue de soldados cuando corresponda y sea necesario. Si los lugares habituales de aprendizaje son inseguros o no están disponibles, deben establecerse sitios o modos de aprendizaje alternativos, seguros y protectores. La escolarización en el hogar y el aprendizaje a distancia pueden servir como alternativa en tales circunstancias. En situaciones Segundo ámbito: Ambiente de aprendizaje 66 inseguras, la comunidad debe manifestar si desea que los educandos asistan a la escuela o no. Las fuerzas de seguridad nunca deben usar centros educativos como refugios temporales.

Este bienestar depende de:

- la seguridad y la protección;

- la salud;

- la alegría y la calidez en las relaciones entre los educadores y los educandos, así como entre los educandos.

Desde la edad más temprana, las interacciones con cuidadores en ambientes seguros, protectores y estimulantes favorecen el desarrollo y el aprendizaje de los niños. Las actividades para garantizar el bienestar de los educandos se centran en fomentar un desarrollo sano, interacciones sociales positivas y buena salud. Asimismo, alientan la participación de los educandos en las decisiones que los afectan. Al participar en la resolución de problemas, la toma de decisiones y la reducción de riesgos, los niños, niñas y jóvenes pueden sentirse menos desamparados y contribuir a su propio bienestar.

Si los padres no pueden velar por el bienestar de sus hijos en el hogar, otros deben ayudar. Esto incluye derivaciones a los servicios apropiados, si existen.

“Protección” significa defensa frente a toda forma de amenaza física, emocional y social, abuso, explotación y violencia. Los educandos, maestros y otro personal educativo deben estar informados sobre los peligros que se encuentran en el ambiente de aprendizaje y sus alrededores y estar protegidos frente a ellos. Los peligros incluyen:

• el hostigamiento;
• la explotación sexual;
• las amenazas naturales y ambientales;
• las armas, municiones, minas de tierra y municiones sin detonar;
• los soldados armados, sitios de fuego cruzado y otras amenazas militares, incluidos los secuestros y el reclutamiento;
• la inseguridad política

Los análisis de riesgos —incluidas las consultas con miembros de la comunidad, educandos, maestros y otro personal educativo— son importantes para comprender las necesidades y prioridades de protección. Estos análisis deben realizarse periódicamente e incluir el análisis de los factores culturales y políticos pertinentes.

Si ocurren violaciones a la protección, deben documentarse y denunciarse confidencialmente, de preferencia con la ayuda de personas capacitadas en vigilancia de los derechos humanos. Deben anotarse datos clave sobre el incidente, incluido el sexo y la edad de la víctima y si ésta fue atacada por tener determinadas características. Tal información es importante para reconocer patrones y puede ser necesaria para crear intervenciones efectivas, capaces de resolver el problema. También se deben documentar las respuestas a las violaciones denunciadas, incluidas las derivaciones a prestadores de servicios de salud, de protección y psicosociales.

En ambientes donde sean comunes la violencia y otras amenazas a la seguridad física y psicosocial de los educandos, maestros y otro personal educativo, es importante dar participación a las familias y comunidades en la promoción de la seguridad en el hogar y la comunidad. Las actividades pueden incluir:

• campañas de información para que los padres y mayores reafirmen métodos positivos de crianza de los niños, incluso prácticas positivas de disciplina;
• participación de la policía u otras fuerzas de seguridad en la creación de conciencia sobre los problemas de protección en la comunidad;
• trabajo con las comunidades y autoridades pertinentes para atender problemas específicos de protección, como organizar el acompañamiento para los educandos hacia y desde las clases.

La violencia de género, en particular la violencia sexual, es un problema grave de protección que puede poner en peligro la vida. Puede afectar a hombres y niños, pero en general la violencia de género está dirigida contra mujeres y niñas. Los programas de educación deben prever la vigilancia de cuestiones de acoso y explotación sexual, como también respuestas a esas cuestiones. Los padres, educandos, maestros y otro Segundo ámbito: Ambiente de aprendizaje 68 personal educativo deben acordar formas de reducir los riesgos para los niños, niñas y jóvenes en el camino hacia y desde el lugar de aprendizaje. Estas actividades pueden incluir:

• elaborar y publicar normas claras contra el acoso sexual, la explotación, el abuso y otras formas de violencia de género;
• incorporar estas normas en códigos de conducta para maestros y otro personal educativo, quienes deben entender qué conductas son inaceptables;
• aumentar la cantidad de mujeres adultas en el ambiente de aprendizaje para proteger y dar tranquilidad a las niñas y adolescentes que estudian. Aunque no exista un equilibrio entre maestros hombres y mujeres, las mujeres de la comunidad pueden ofrecerse como asistentes de aula para promover un ambiente más protector para los niños.

Si hay violencia de género, es importante que existan sistemas confidenciales y seguros de denuncia, queja y respuesta. Las autoridades nacionales o una organización independiente especializada en violencia de género pueden facilitar estos sistemas. Debe brindarse el apoyo sanitario, psicosocial, judicial y de protección que sea apropiado para los sobrevivientes de la violencia de género, en un sistema de derivación bien coordinado.

Distancia máxima entre los educandos y los lugares de aprendizaje

Esta distancia debe definirse conforme a las normas locales y nacionales. Es importante considerar problemas de seguridad, protección y accesibilidad como cuarteles militares, minas de tierra o bosques densos en los alrededores. Se debe consultar a los educandos, los padres y madres y otros miembros de la comunidad sobre la ubicación de los centros de aprendizaje y los peligros potenciales. Si la distancia hasta la escuela es tan grande que se reduce el acceso, puede estimularse el establecimiento de clases subsidiarias o satélites en lugares más cercanos al domicilio de los educandos.

A fin de garantizar rutas de acceso seguras y protegidas para todos los educandos, maestros y otro personal educativo, las comunidades, incluidos los niños y niñas de diferentes edades, deben señalar las amenazas que perciben y acordar medidas para enfrentarlas. Por ejemplo, si los educandos deben caminar hacia y desde los centros educativos por caminos mal iluminados, puede mejorarse la seguridad por medio de acompañantes adultos o usando reflectores o cinta reflectora sobre la ropa y las mochilas.

En algunos contextos, los educandos, los maestros y el personal educativo están expuestos a riesgos físicos o psicosociales en el camino hacia y desde los centros educativos. Algunas medidas posibles para reducir estos riesgos son:

• enriquecer el plan de estudios con mensajes sobre seguridad, apoyo psicosocial y educación sobre derechos humanos, resolución de conflictos, consolidación de la paz y derecho humanitario;
• crear conciencia pública sobre el significado y el uso de los Convenios de Ginebra y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que prohíben los ataques contra civiles (incluso estudiantes y maestros) y centros educativos en tiempos de guerra;
• desarrollar la capacidad de los sistemas judiciales civiles y militares, las fuerzas armadas y los grupos armados en cuanto a los principios básicos del derecho humanitario y su aplicación a la protección de la educación;
• reforzar edificios o muros perimetrales y utilizar guardias de seguridad (remunerados o voluntarios de la comunidad); 
• dar alojamiento a los maestros en el lugar;
• reubicar lugares de aprendizaje y de estudiantes, maestros y otros trabajadores de la educación que estén amenazados;
• establecer escuelas basadas en el hogar y en la comunidad.

Según el contexto y los problemas de seguridad, las comunidades o las comisiones de educación de la comunidad pueden asumir responsabilidad por la protección de las escuelas. Por ejemplo, pueden proporcionar acompañantes o recomendar líderes comunitarios o religiosos para enseñar en las escuelas y apoyarlas. En conflictos civiles, los miembros de la comunidad pueden ayudar a promover Segundo ámbito: Ambiente de aprendizaje 70 negociaciones con ambas partes del conflicto para elaborar códigos de conducta que conviertan a las escuelas y los lugares de aprendizaje en refugios o “zonas de paz”

Los ataques contra escuelas y hospitales son una de las seis violaciones graves prohibidas por la resolución 1612 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 2005. Si ocurren estos ataques, deben denunciarse al Mecanismo de Supervisión y Presentación de Informes coordinado por las Naciones Unidas (ver también la nota de orientación 1 de la norma 1 en materia de política educativa, en las paginas 113- 114 y la nota de orientación 4 de la norma 2 en materia de política educativa, en las paginas 120-121).

Los maestros y otro personal educativo deben recibir capacitación para brindar apoyo psicosocial a los educandos a través de:

• el aprendizaje estructurado;
• el uso de métodos adaptados especialmente para niños;
• el juego y la recreación;
• la enseñanza de habilidades para la vida;
• las derivaciones a especialistas.

Es importante ocuparse del bienestar de los maestros y otro personal educativo. Esto contribuirá al bienestar de los educandos y a la finalización exitosa de programas de educación formal o no forma.

Según el Marco de Acción de Dakar, los programas educativos deben conducirse “de tal manera que fomenten el entendimiento mutuo, la paz y la tolerancia y contribuyan a prevenir la violencia y los conflictos”. Para alcanzar esta meta, los maestros necesitan apoyo para una gestión positiva de la clase. Esto significa garantizar un ambiente de aprendizaje que promueva la comprensión mutua, la paz y la tolerancia y que ofrezca habilidades para prevenir la violencia y los conflictos. La motivación y un sistema sólido de disciplina positiva son las bases para crear tal ambiente. Estas estrategias deben reemplazar al castigo corporal, la agresión verbal, la humillación y la intimidación. La intimidación comprende tensión mental, violencia, abuso y discriminación. Estos puntos deben incluirse en los códigos de conducta de los maestros y señalarse sistemáticamente en actividades de capacitación y supervisión docente.

Las comunidades deben asumir un papel fundamental en la creación, el mantenimiento y la protección del ambiente de aprendizaje. En el diseño del programa deben participar representantes de todos los grupos vulnerables. Esto aumenta el sentido de propiedad de la comunidad con respecto al apoyo a la educación.

Los educandos, maestros y otro personal educativo pueden recibir capacitación para apoyar la prevención de desastres y las actividades de gestión. Estas actividades pueden incluir:

• la elaboración y utilización de planes de preparación para emergencias;
• la realización de simulacros para desastres previstos y recurrentes;
• medidas de seguridad estructural y no estructural de las escuelas, como planes de evacuación de escuelas en zonas propensas a terremotos.

Las comisiones comunitarias o escolares de seguridad pueden necesitar apoyo para llevar a cabo y coordinar la ejecución de planes escolares de gestión de riesgos de desastre o de seguridad. El apoyo consiste en ayuda para analizar y priorizar los riesgos, aplicar estrategias de protección física y ambiental y elaborar procedimientos y desarrollar habilidades para los preparativos de la respuesta.

Los planes de preparación para emergencias, incluidos los planes de evacuación de escuelas, deben elaborarse y compartirse de manera que sean accesibles para todos, incluidas las personas analfabetas o las que tienen discapacidades físicas, cognitivas y mentales.