Norma 1: Formulación de leyes y políticas

Este deber está establecido en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Estos instrumentos de derechos humanos incluyen disposiciones internacionales sobre la atención de las poblaciones, con particular énfasis en los niños, niñas y jóvenes. Abarcan esferas tales como la nutrición, la recreación, la cultura, la prevención de los abusos y la educación preescolar para los niños y niñas menores de seis años. La Convención sobre los Derechos del Niño es particularmente importante pues cubre el derecho de los niños y niñas a la educación y sus derechos dentro del proceso educativo, como el derecho a ser consultados sobre las decisiones que los afectan, el derecho a ser tratados con respeto y el derecho a conocer sus derechos

Los educandos, los maestros y el personal educativo tienen carácter civil, al igual que los edificios destinados a la educación. Todos ellos están protegidos contra los ataques armados por los Convenios de Ginebra, que forman parte del derecho internacional humanitario reconocido por todos los países. Las autoridades nacionales y los interesados internacionales deben apoyar iniciativas para que las leyes y prácticas nacionales reflejen este carácter protegido, y prevenir el uso de las instalaciones educativas para fines militares.

Cuando la violencia amenaza la continuidad de la educación y la protección de la infancia, debe darse prioridad a promover la educación, los derechos humanos y el derecho humanitario pertinente a la educación. Es fundamental efectuar seguimientos y denunciar los ataques contra los educandos, el personal y los establecimientos educativos o la ocupación de éstos. Esto garantiza el respeto de la dignidad de las víctimas y conduce a la coordinación de la respuesta, la investigación y los procesos judiciales

Las leyes y políticas educativas nacionales deben garantizar la continuidad de la educación para todos. Los planes de contingencia nacionales y locales relativos a las escuelas deben contemplar las amenazas conocidas, previstas y recurrentes. Esto incluye desastres a pequeña escala, 115 Normas mínimas para la educación: Preparación, respuesta, recuperación como las inundaciones repetidas, que provocan impactos negativos acumulativos en la educación. Deben considerarse las necesidades particulares de los niños, niñas y jóvenes vulnerables. En los países que no cuentan con leyes de respuesta para la educación ante situaciones de emergencia o desastre, la situación de emergencia constituye una oportunidad para crearlas.

Los servicios de desarrollo de la primera infancia para los niños y niñas que aún no tienen edad escolar y sus padres o tutores deben incluirse en las políticas y programas educativos. Los servicios pueden incluir:

• atención temprana y grupos para padres y madres;
• grupos de juego;
• inclusión de los niños pequeños en actividades en espacios seguros;
• vínculos con servicios de salud, nutrición y otros

En los países que cuentan con políticas nacionales sobre la juventud, las situaciones de emergencia constituyen oportunidades para consolidar el trabajo intersectorial en la educación centrada en los jóvenes. En los países donde no existen políticas nacionales sobre la juventud, los interesados pertinentes deben nombrar un coordinador para que se encargue de los problemas de los jóvenes en las situaciones de crisis. Debe trabajarse en colaboración en la planificación e implementación de los programas y las políticas intersectoriales que contemplen las cuestiones relacionadas con los jóvenes. Las políticas nacionales sobre la juventud que se elaboren deben basarse en un análisis de los diferentes intereses e influencias de los subgrupos de jóvenes y las oportunidades y los riesgos de las diversas formas de participación de los jóvenes. Una política nacional sobre la juventud complementa los marcos nacionales relativos a:

• la educación;
• la enseñanza y capacitación técnica y vocacional;
• la preparación para situaciones de emergencia.

Las escuelas deben situarse en espacios seguros, protegidos contra los peligros y amenazas conocidos y se las debe diseñar y construir de manera tal que sean resistentes. Debe preverse espacio suficiente para que las clases no se interrumpan en las situaciones de emergencias, en caso de que las escuelas deben usarse como refugios temporales.

Las leyes y políticas educativas deben reflejar un conocimiento cabal de las dinámicas sociales, económicas, de seguridad, ambientales y políticas en el contexto de las situaciones de emergencia. De esta manera, los planes y programas educativos podrán satisfacer las necesidades y los derechos de los educandos y de la comunidad en general y evitar agravar las divisiones o conflictos sociales.

Los análisis del contexto pueden incluir análisis preliminares del conflicto y los derechos humanos y análisis de los riesgos y la preparación para desastres. Las autoridades educativas y demás interesados en materia de educación deben contribuir a analizar el contexto, a los efectos de garantizar que se aborden los problemas del sector educativo. El análisis del contexto requiere importantes esfuerzos de consulta con la comunidad. Las autoridades educativas y demás interesados en materia de educación deben promover que se realicen estos análisis y se los incluya en los procesos habituales de revisión y reforma del sector educativo.

El análisis de riesgos incluye analizar los riesgos de corrupción en el entorno político, administrativo y humanitario. El debate acerca de la corrupción debe ser lo más amplio posible en las etapas de planificación e implementación de las respuestas para la educación ante situaciones de emergencia. El debate abierto es la mejor forma de elaborar políticas anticorrupción eficaces. La discusión sobre los problemas de corrupción no significa condonar la corrupción ni presumir la vulnerabilidad de un actor en particular.

Los responsables de desarrollar e implementar las políticas educativas deben intercambiar información sobre las políticas y las respuestas estratégicas. Esto es particularmente importante para mitigar los conflictos y los 117 Normas mínimas para la educación: Preparación, respuesta, recuperación desastres. La información debe poder comprenderse fácilmente y estar a disposición de todos (ver también la nota de orientación 3 de la norma 1 en materia de coordinación).

Las leyes, reglamentaciones y políticas deben crearse a partir de información fiable. Los datos de los sistemas de información sobre la administración de la educación deben estar vinculados a información sobre las zonas y los grupos de población expuestos a ciertos tipos de situaciones de emergencia. Esto es una estrategia de preparación que contribuye a la planificación nacional y local de la educación. Siempre que sea posible, los datos sobre la educación reunidos por la comunidad deben ingresarse a un sistema de información sobre la administración de la educación (ver también la nota de orientación 3 de la norma 3 en materia de análisis)

La educación debe formar parte de los marcos nacionales de preparación para casos de desastre. Deben preverse los recursos necesarios para ofrecer una respuesta efectiva y oportuna para la educación. Los interesados internacionales que apoyan programas nacionales o locales de educación deben promover la preparación de la respuesta de emergencia para la educación en el marco de los programas de desarrollo.

Los marcos de preparación deben contar con disposiciones que prevean explícitamente la participación de los niños, niñas y jóvenes en los esfuerzos de respuesta a escala comunitaria.

Las autoridades educativas deben garantizar que la educación llegue a todos los grupos de manera equitativa. Según el derecho internacional, los refugiados deben gozar de los mismos derechos a la educación que los ciudadanos del país en lo que respecta a la enseñanza elemental. En niveles superiores, los refugiados deben tener acceso a estudios, reconocimiento de certificados de estudios, diplomas y títulos universitarios, exención de derechos y cargas y acceso a becas en términos equivalentes a los ciudadanos del país de acogida. Los educandos internamente desplazados mantienen los mismos derechos a la educación que los no desplazados. Los protegen el derecho internacional y nacional en materia de derechos humanos y los principios rectores aplicables a los desplazamientos internos.

Se les debe permitir complementar la prestación de los servicios nacionales de educación para garantizar que se satisfagan las necesidades y los derechos a la educación de todos los educandos. El país anfitrión facilitará su acceso para que instalen programas y establecimientos y se pueda responder rápidamente y de manera segura a las situaciones de emergencia. Esto puede incluir mecanismos acelerados para obtener visados y disposiciones de aduanas especiales para los materiales didácticos y de socorro.