Norma 1 en materia de análisis: Análisis

Para determinar este momento se debe tomar en cuenta la seguridad y protección del equipo de análisis y de la población afectada. El análisis debe efectuarse lo antes posible después de una emergencia y debe comprender todos los tipos de educación en los lugares afectados, si esto es factible. Tras la estimación inicial, los datos deben actualizarse regularmente mediante el monitoreo y la evaluación. Esto incluye una revisión de los logros, las limitaciones y las necesidades insatisfechas del programa. Cuando no es posible realizar de inmediato análisis generales, se pueden efectuar estimaciones iniciales parciales para recoger información que sustente la acción inmediata.

Los análisis deben recoger datos desglosados que sirvan de base a la respuesta educativa y evaluar si continúa el riesgo de conflicto o desastre. “Desglosado” significa que la información se separa en sus partes componentes, y en este caso se analiza por sexo y por grupo de edad. Los datos se refieren a capacidades educativas, recursos, vulnerabilidades, deficiencias y obstáculos a la defensa del derecho a la educación para todos los grupos afectados. Los análisis de los encargados de ofrecer educación y otras respuestas de emergencia y sus visitas sobre el terreno deberían coordinarse para evitar el uso ineficiente de los recursos y la sobrevaloración de ciertos problemas o poblaciones afectadas (ver la norma 2 en materia de participación comunitaria y la norma en materia de coordinación).

Los análisis deben aprovechar al máximo las fuentes de información existentes. La obtención primaria de datos debe limitarse a lo necesario para llenar lagunas de conocimiento y servir de base a decisiones críticas de los interesados en la educación. Si el acceso está restringido, pueden explorarse estrategias alternativas para recoger la información. Estas estrategias pueden consistir en hacer contactos con dirigentes locales y redes comunitarias, así como en obtener datos secundarios de otros sectores o bases de datos anteriores a la crisis. Los datos anteriores a la crisis también servirán de referencia para compararlos con la situación de emergencia.

Las herramientas de obtención de datos deberían estandarizarse en el país para facilitar la coordinación de proyectos y minimizar la exigencia a las personas que brindan la información. Siempre que sea posible, todos los interesados deben crear y acordar herramientas de análisis antes de una emergencia, en el marco de la preparación. Estas herramientas deben dar espacio a la incorporación de información adicional que los encuestados del ámbito local consideren importante. Los equipos de evaluación deben incluir miembros de la comunidad afectada. Deben tener equilibrio de género para poder captar mejor las experiencias, necesidades, inquietudes y capacidades de ambos sexos en los educandos/as, los maestros/as y otro personal educativo, los padres y los tutores. Se debe consultar a las autoridades correspondientes. El análisis debe basarse siempre en consideraciones éticas, incluidos los principios básicos de respeto y no discriminación. La obtención de información puede poner en peligro a algunas personas debido a la naturaleza delicada de la información que brindan o simplemente por participar en el proceso (ver también la nota de orientación 5, más abajo). Quienes recogen la información tienen la responsabilidad de proteger a los participantes e informarles de:

• el propósito de la obtención de los datos;
• el derecho a no participar en el proceso de obtención de datos o a retirarse en cualquier momento sin sufrir represalias;
• el derecho a la confidencialidad y al anonimato.

(Ver tambien nota de orientacion 2 de la norma 4 en material de analisis).

El análisis del contexto, incluido el análisis del riesgo de desastre y de conflicto, ayuda a garantizar que las respuestas educativas sean apropiadas, pertinentes y sensibles al potencial de conflicto y desastre.

El análisis de riesgos considera todos los aspectos del contexto que afectan la salud, la seguridad y la protección de los educandos. Esto contribuye a garantizar que la educación sea una medida de protección y no un factor de riesgo. El análisis de riesgos evalúa los siguientes riesgos para la educación, entre otros:

• la inseguridad, el mal gobierno y la corrupción;
• ciertos problemas de salud pública, como la prevalencia de enfermedades contagiosas;
• otros factores sociales, económicos, físicos y ambientales, incluso peligros industriales como fugas de gases tóxicos o derrames de sustancias químicas;
• riesgos específicos por sexo, edad, discapacidad, origen étnico y otros factores pertinentes en el contexto.

El análisis de conflictos evalúa la presencia del riesgo de conflictos violentos para tratar de que las intervenciones educativas no exacerben las desigualdades o los conflictos subyacentes. Esto es necesario tanto en situaciones de conflicto como de desastre. El análisis de conflictos se hace preguntas sobre:

• los actores que participan directa o indirectamente en un conflicto, que están afectados o que corren riesgo de ser afectados por el conflicto;
• las causas del conflicto real o potencial y los factores que contribuyen a los reclamos;
• las interacciones entre los actores, incluidos los interesados en la educación y las causas del conflicto.

Con frecuencia, algunas organizaciones de investigación cuentan con análisis de conflictos de regiones o países específicos que pueden aprovecharse, aunque deben reconsiderarse desde la perspectiva de la educación. Si los análisis existentes no están a disposición o no son aplicables, puede efectuarse un análisis del conflicto por medio de un taller en la zona afectada o un estudio realizado desde la oficina. Los interesados en la educación deberían abogar para que las agencias apropiadas realicen análisis de conflictos completos, con información específica sobre educación y para que pongan las conclusiones a disposición de todas las partes interesadas.

Un informe sobre análisis de riesgos propone estrategias para la gestión del riesgo de amenazas naturales o causadas por actividades humanas, incluidos los conflictos. Estas estrategias pueden incluir prevención, mitigación, preparativos, respuesta, reconstrucción y rehabilitación. Por ejemplo, se puede exigir que las escuelas o los espacios de aprendizaje cuenten con planes de contingencia y seguridad para prevenir y mitigar emergencias y para darles respuesta. También podrían preparar un mapa de riesgos que muestre las posibles amenazas y destaque los factores que afectan la vulnerabilidad de los educandos, como también su capacidad de resistencia y adaptación.

Los análisis de riesgos se complementan con el análisis de la capacidad de resiliencia y adaptación de una comunidad y de los esfuerzos locales de afrontamiento, incluidos los recursos y capacidades. Los conocimientos, habilidades y capacidades para la mitigación, los preparativos y la recuperación ante desastres se valoran y fortalecen tanto antes como después de una emergencia, si es posible, mediante actividades de preparativos y mitigación (ver también las notas de orientación 1 a 4 de la norma 1 en materia de participación de la comunidad; la nota de orientación 5 de la norma 2 en materia de participación de la comunidad; la nota de orientación 11 de la norma 2 en materia de acceso y ambiente de aprendizaje; la nota de orientación 6 de la norma 2 en materia de acceso y ambiente de aprendizaje; las notas de orientación 2 y 4 de la norma 1 en materia de política educativa, y las notas de orientación 3 y 5 de la norma 2 en materia de política educativa, en las páginas).

Los análisis de datos deberían establecer claramente:

• los indicadores;
• las fuentes de información;
• los métodos de obtención de los datos;
• los recolectores de datos;
• los procedimientos de análisis de datos.

Si hay riesgos de seguridad para los recolectores de datos, se debe hacer referencia a los tipos de organización utilizados para la obtención de los datos y no a los nombres de los recolectores individuales. Deben señalarse las limitaciones de la obtención o el análisis de datos que puedan afectar la confiabilidad de los resultados o su pertinencia en otras situaciones. Por ejemplo, los datos pueden dejar de ser confiables si los encuestados inflan las cifras de inscripción o asistencia para maximizar la asignación de recursos o evitar ser culpados. También se debe señalar si ciertos grupos o problemas no son contemplados por los programas o los sistemas de monitoreo.

A fin de minimizar el sesgo, se deben recoger y comparar datos de distintas fuentes. Esta técnica fortalece la validez de los datos. Se debe consultar a los grupos más afectados, incluidos los niños y jóvenes de ambos sexos, antes de extraer conclusiones. La percepción y el conocimiento local deberían ser centrales en el análisis, para evitar una respuesta humanitaria basada en las percepciones y las prioridades de personas ajenas a la comunidad afectada.

En los análisis deben participar autoridades educativas y representantes de la población afectada, incluidos los grupos vulnerables. Durante la evaluación inicial, algunas circunstancias difíciles pueden limitar la participación de estos grupos en la obtención, el análisis, la gestión y la difusión de datos e información. Esa participación debe aumentar a medida que el contexto se estabiliza. Los análisis deberían facilitar la comunicación en todas las lenguas de la comunidad, incluido el idioma de señas y el Braille, si procede.

Esta colaboración es crucial para maximizar la calidad, la amplitud y la utilidad de los análisis. Los interesados en la educación deben armonizar los análisis de las necesidades realizándolas en conjunto o coordinándolas para evitar la duplicación por diferentes agencias. Los análisis coordinados producen pruebas más sólidas del impacto de las emergencias y facilitan respuestas coherentes. También aumentan la responsabilización de los actores humanitarios alentando la puesta en común de la información.

El sector de la educación debe trabajar con otros sectores para prestar apoyo a la respuesta educativa en relación con amenazas, riesgos y disponibilidad de servicios. Esto puede incluir el trabajo con:

• el sector de la salud, para obtener datos epidemiológicos e información sobre las amenazas epidémicas y aprender sobre los servicios de salud básicos disponibles, incluidos los de salud sexual y reproductiva y sobre prevención, tratamiento, atención y apoyo para el VIH;
• el sector de la protección, para aprender sobre los riesgos relacionados con la violencia sexual y de género, los huérfanos y otras poblaciones vulnerables dentro de la comunidad, los obstáculos a la educación y los servicios disponibles de apoyo social y psicosocial;
• el sector de la nutrición, para aprender sobre los servicios de nutrición escolares, comunitarios y otros;
• los sectores de refugio y administración de campamentos, para coordinar una ubicación segura y apropiada, la construcción o reconstrucción de centros de aprendizaje y recreación y el acceso a ellos y el suministro de los artículos no alimentarios necesarios para los centros escolares;
• el sector del agua y el saneamiento, para asegurar que los lugares de aprendizaje cuenten con un suministro seguro de agua y con un saneamiento adecuado;
• el sector de la logística, para organizar la compra y entrega de libros y otros suministros.

En los análisis generales de necesidades se deben recoger datos desglosados sobre las necesidades y los recursos educativos y psicosociales. Algunos miembros del equipo de análisis que tengan conocimiento local pueden apoyar estos aspectos de las evaluaciones. Las agencias deben comprometer recursos, personal y capacidad organizativa para llevarlos a cabo.

Las conclusiones deben darse a conocer lo antes posible, para que se puedan planificar las actividades educativas. Del mismo modo, se deben compartir los análisis previos y posteriores a la crisis que señalen necesidades y recursos educativos o violaciones al derecho a la educación por parte de autoridades educativas, ONG, agencias humanitarias y la comunidad local.

Las autoridades educativas a nivel local o nacional deben coordinar la puesta en común de los resultados del análisis. Si tales autoridades carecen de la capacidad para hacerlo, un actor internacional destacado, como la comisión de coordinación del sector educativo o el grupo sectorial de Educación, puede dirigir este proceso. La presentación de datos en las conclusiones del análisis debe normalizarse, si es posible, para que la información pueda usarse fácilmente.