Norma 1: Igualdad de acceso

La discriminación se refiere a obstáculos impuestos por el sexo, la edad, la discapacidad, la condición serológica, la nacionalidad, la raza, el origen étnico, la tribu, el clan, la casta, la religión, el idioma, la cultura, la filiación política, la orientación sexual, el origen socioeconómico, la ubicación geográfica o las necesidades educativas específicas. La discriminación puede ser involuntaria. Por ejemplo, puede ser el resultado no deseado de una infraestructura inaccesible para personas con discapacidades, o de políticas y prácticas que no favorecen la participación de los educandos. Algunos ejemplos de discriminación son prohibir la asistencia a la escuela de adolescentes embarazadas o de educandos afectados por el VIH, así como las matrículas escolares y el costo de uniformes, libros y otros artículos.

Determinados grupos o individuos pueden tener dificultades para acceder a la educación en una situación de emergencia. Algunos pueden ser más vulnerables como resultado de las emergencias y el desplazamiento. Estos grupos pueden incluir:

• las personas con discapacidades físicas o mentales;
• las personas que padecen graves problemas de salud mental y psicosociales;
• las niñas;
• los jóvenes;
• los niños asociados con fuerzas armadas y grupos armados;
• los adolescentes jefes de hogar;
• las madres adolescentes;
• las personas de ciertos grupos étnicos o sociales.

Las autoridades nacionales, las comunidades y las organizaciones humanitarias tienen la responsabilidad de garantizar que todas las personas tengan acceso a actividades educativas. Esto significa evaluar las necesidades y prioridades de los grupos excluidos y las de aquellos que tienen diferentes necesidades de aprendizaje en el contexto específico y atenderlas. Se deben determinar cuáles son las políticas y prácticas que limitan el acceso a oportunidades de aprendizaje y ponerles remedio. La falta de acceso a la educación para ciertos grupos étnicos, lingüísticos, geográficos o de edad puede crear o mantener tensiones que pueden contribuir al conflicto.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 aclara en qué consiste el derecho a la educación.

• Por el artículo 2, los estados parte se comprometen a garantizar los derechos enunciados en el Pacto, “sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
• El artículo 13 reconoce que el derecho de todos a la educación “debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Agrega que “la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades de Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz”. Por el artículo 13 las partes reconocen que, con el objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: “a) la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; b) la enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; c) debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria.”

Los requisitos de documentación deben ser flexibles. No se deben exigir para el ingreso certificados de ciudadanía, nacimiento o edad, documentos de identidad e informes escolares, porque es posible que las poblaciones afectadas por la emergencia no dispongan de estos documentos. No se deben aplicar estrictamente los límites de edad, siempre que se respeten las normas de protección y las culturales. Se debe permitir la inscripción de segunda oportunidad para quienes hayan abandonado los estudios. Se deben hacer esfuerzos especiales para reconocer a los individuos más vulnerables y cómo incluirlos. Si hay problemas de seguridad, la documentación y la información sobre la inscripción deben mantenerse en reserva.

Es necesario que haya distintas oportunidades de educación de calidad. El objetivo es garantizar que se satisfagan las necesidades educativas de todos los educandos y contribuir al desarrollo económico, social y político del país. Estas oportunidades deben ser pertinentes para todos los educandos y para el contexto y pueden incluir:

• el desarrollo del niño en la primera infancia;
• educación primaria, secundaria y superior;
• clases de lectoescritura y matemática básica;
• educación en habilidades para la vida;
• programas de educación de jóvenes y adultos, como la educación técnica y profesional.

En crisis agudas, los espacios acogedores para los niños o los espacios seguros suelen ser la primera respuesta mientras se establece o reactiva la educación formal. Los espacios acogedores para los niños tienen por finalidad proteger y promover el bienestar de los niños y jóvenes. Algunos de ellos los preparan para reingresar en un aula formal, mientras que otros les permiten participar en actividades de aprendizaje no formal. Otorgan a grupos de diferentes edades, desde niños pequeños hasta jóvenes, acceso a formas de aprendizaje estructurado, juegos, deportes, teatro, arte, música, protección y apoyo psicosocial. Los espacios acogedores para los niños pueden permitir que los miembros de la comunidad, los trabajadores humanitarios y los empleados del gobierno evalúen necesidades y capacidades para la educación formal y no formal, incluso cómo integrar y apoyar iniciativas locales.

Las oportunidades de aprendizaje deben ser flexibles y adaptarse al contexto. Las adaptaciones pueden incluir:

• cambios en los calendarios, horarios, turnos o cronogramas anuales de clase, para satisfacer las necesidades de determinados grupos de educandos;
• modos alternativos de educación, como el estudio autónomo, el aprendizaje a distancia y acelerado o los programas de recuperación;
• prestación de servicios de cuidado de niños para padres y madres jóvenes;
• exoneración de requisitos de documentación, como los certificados de nacimiento o edad

Las adaptaciones deben discutirse con miembros de la comunidad, incluso con los jóvenes, las mujeres y otros miembros que puedan estar excluidos. Deben participar las autoridades educativas pertinentes para que se reconozcan las adaptaciones propuestas. Si los educandos están diseminados en una zona muy extensa, se puede trazar un mapa de escuelas y otros lugares de aprendizaje a fin de determinar cuál es el acceso más eficiente a diversas oportunidades de educación (ver también la nota de orientación 7 de la norma 1 en materia de política educativa, y la nota de orientación 1 de la norma 2 en materia de política educativa).

Estas prioridades deben basarse en la evaluación inicial. Es importante considerar:

• datos desglosados por sexo y por edad;
• vulnerabilidad y cuestiones de protección;
• necesidades especiales de contenido, por ejemplo la información con potencial para salvar vidas;
• vínculos con el reestablecimiento del sistema educativo.

La priorización también puede considerar restricciones de fondos, logísticas y de seguridad, pero no debe conducir a la exclusión de grupos vulnerables (ver también la norma 1 en materia de análisis; la norma 1 en materia de enseñanza y aprendizaje, y las normas 1 y 2 en materia de política educativa).

Ver las definiciones de estos términos en el Glosario (Anexo 1)

Las comunidades deben participar activamente en los procesos educativos a fin de facilitar el acceso a la educación. La participación de la comunidad ayuda a:

• subsanar deficiencias de comunicación;
• movilizar recursos adicionales;
• resolver problemas de seguridad, de protección y psicosociales;
• reconocer necesidades de oportunidades alternativas de aprendizaje;
• promover la participación de todos los grupos pertinentes, en particular de aquellos que son vulnerables.

(ver también la definición de “participación” en el Glosario (Anexo 1); las normas 1 y 2 en materia de participación de la comunidad, y la nota de orientación 2 de la norma 3 en materia de enseñanza y aprendizaje).

Las autoridades nacionales tienen la responsabilidad final de garantizar los servicios de educación. Esto incluye la coordinación y la dotación de suficientes recursos financieros, materiales y humanos. Si las autoridades nacionales no son capaces de satisfacer plenamente las necesidades de educación en una situación de emergencia hasta la recuperación inclusive, otras fuentes pueden brindar apoyo adicional. Algunos ejemplos son la comunidad internacional, organismos del sistema de las Naciones Unidas, ONG internacionales y locales, autoridades locales, comunidades, organizaciones religiosas, grupos de la sociedad civil y otros asociados que trabajan en el ámbito del desarrollo. Los donantes deben ser flexibles y apoyar diversos enfoques coordinados para garantizar la continuidad de la educación e iniciativas de aprendizaje.

Los centros educativos sólo deben usarse como refugio para personas desplazadas si no existe otra posibilidad. Durante la planificación de los preparativos, se deben establecer sitios alternativos de refugio para casos de emergencia o desastre.

Si se usan centros educativos como refugios temporales, se deben minimizar los efectos negativos y los posibles riesgos de protección, en colaboración con los sectores de refugio y protección. Los interesados deben acordar una fecha para devolver el centro educativo a su función original. Esto minimiza las alteraciones en el aprendizaje y evita que las familias permanezcan en un centro educativo mucho tiempo después de ocurrida la emergencia.

Si se usan centros educativos como refugios temporales, es importante proteger los bienes de la escuela, entre ellos los libros, las bibliotecas, los muebles, los archivos y los equipos de recreación. Los centros educativos deben devolverse en condiciones de uso. Siempre que sea posible, los interesados deben aprovechar la oportunidad para mejorarlos. Por ejemplo, las instalaciones de saneamiento pueden renovarse y las estructuras edilicias pueden reforzarse (ver también las notas de orientación 4 y 6 de la norma 3 en materia de acceso y ambiente de aprendizaje, y la nota de orientación 3 de la norma 1 en materia de política educativa).