Norma 1 en materia de Participación de la comunidad: Participación

Las autoridades educativas y otros interesados en el sector de la educación deben garantizar la participación de la comunidad en el análisis, la planificación, el diseño, la aplicación, el monitoreo y la evaluación de las respuestas educativas. Todo miembro de la comunidad afectada debe tener la posibilidad de participar, sin importar su edad, género, etnia, religión, orientación sexual o eventual discapacidad, infección por VIH u otro factor.

Las autoridades educativas y otros interesados en el sector deben dar participación a la comunidad en la tarea de determinar:

• las necesidades educativas de todos los educandos; 
• los recursos financieros, materiales y humanos disponibles en el ámbito local;
• las relaciones existentes y cambiantes entre niños y niñas, jóvenes y adultos;
• la dinámica de poder dentro de la comunidad, incluidas las relaciones entre grupos lingüísticos y todos los grupos que puedan ser excluidos;
• problemas, inquietudes y amenazas relacionados con la seguridad;
• formas de proteger a las instituciones educativas, al personal y a los educandos de posibles ataques, incluso de violencia de género;
• amenazas locales, ubicaciones seguras y accesibles para las escuelas y otros espacios de aprendizaje y enfoques locales a la reducción del riesgo de desastres;
• formas de integrar mensajes pertinentes, vitales y sensibles a los conflictos en todos los aspectos de la respuesta educativa, incluidos mensajes sobre las principales amenazas a la salud de la comunidad.

Deben crearse estructuras que favorezcan vínculos más sólidos entre la familia, la comunidad y las escuelas u otros espacios educativos de manera participativa, inclusiva y consultiva.

Es un grupo que reconoce y trata de atender las necesidades y los derechos educativos de todos los educandos en una comunidad. Otras denominaciones posibles son “asociación de padres, madres y maestros” o “comisión de administración escolar”. Este órgano puede ayudar a la comunidad mediante actividades de formación y fortalecimiento de la capacidad, o suscitando la participación de autoridades locales y otros interesados en la educación para que apoyen programas educativos. Si no existe ya una comisión de educación de la comunidad, debe estimularse su formación.

La comisión debe representar a todos los grupos de la comunidad, entre ellos los siguientes:

• autoridades escolares, maestros y otro personal educativo;
• padres, madres o cuidadores;
• niños, niñas y adolescentes;
• personal de organizaciones de la sociedad civil;
• representantes de ONG locales y organizaciones religiosas;
• dirigentes tradicionales;
• trabajadores de la salud.

Es esencial incluir representantes de grupos vulnerables. Los integrantes de la comisión de educación de la comunidad deben elegirse mediante un proceso participativo adecuado al contexto local que permita la participación equitativa de mujeres y hombres, niñas y niños.

En emergencias complejas, en las que posiblemente se exploten distinciones sociales como la etnia o tribu, la religión y la raza, la comisión de educación de la comunidad debe trabajar con todas las partes. Si bien el objetivo es la inclusión, la seguridad individual y grupal está en primer lugar. Las comisiones deben tratar de brindar educación de manera segura, imparcial y apropiada a todos los miembros de la comunidad. Deben conocer de primera mano los cambios del contexto socioeconómico y político y comunicarse con los responsables de adoptar decisiones a todo nivel.

Deben definirse las funciones y responsabilidades de los miembros de la comisión de educación de la comunidad, que pueden incluir las siguientes:

• reunirse regularmente para tratar cuestiones problemáticas;
  llevar actas de las reuniones y decisiones;
• movilizar aportes financieros y en especie de la comunidad;
• determinar enfoques apropiados, sensibles a la edad y la cultura, para que los programas educativos respeten los derechos y las necesidades de los educandos. Algunos ejemplos son calendarios escolares flexibles y planes de estudios apropiados a cada edad que reflejen el contexto comunitario;
• comunicarse con las autoridades comunitarias, locales y nacionales a fin de promover buenas relaciones entre los miembros de la comunidad y los tomadores de decisiones fuera de la comunidad;
• hacer que los responsables de garantizar el acceso a la educación y su calidad rindan cuentas de sus actuaciones;
• monitorear la prestación de servicios educativos para garantizar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje;
• recoger y monitorear la información desglosada sobre quiénes participan o no participan en las oportunidades de aprendizaje;
• promover la protección frente a ataques y fortalecer la seguridad del personal y de los estudiantes que van y vienen de la escuela;
• garantizar la inclusión de la reducción del riesgo de desastres en la educación; - garantizar un apoyo psicosocial adecuado. 

Las autoridades educativas locales, la comunidad y la comisión de educación de la comunidad deben priorizar y planificar actividades educativas a través del proceso participativo de planificación que dará como resultado un plan de acción educativo basado en la comunidad. Un plan educativo basado en la comunidad debe basarse en un plan educativo nacional, si existe y proporcionar un marco para mejorar la calidad de programas educativos formales e informales. Debe reflejar las necesidades, los derechos, las inquietudes y los valores de la comunidad afectada por la emergencia, y en particular de los grupos vulnerables.

Un plan de acción educativo se centra en garantizar la continuidad de la educación. Puede tener varios objetivos, por ejemplo:

• generar una visión común de lo que puede llegar a ser el ambiente de enseñanza y aprendizaje, descrito a través de actividades, indicadores y objetivos y un cronograma;
• adaptar el plan de estudios al contexto específico, incluyendo sensibilidad ante los conflictos y reducción del riesgo de desastres si procede;
• acordar procedimientos para la contratación, supervisión y capacitación del personal y para la remuneración y el apoyo a los maestros;
• priorizar un enfoque basado en los derechos humanos para reducir la discriminación y crear un entendimiento común de que la educación debe ser disponible, accesible, adaptable y aceptable;
• lograr un acuerdo y un compromiso colectivo sobre las prioridades para crear un ambiente de aprendizaje seguro y propicio, incluso protegiéndolo frente a ataques;
• describir tareas y responsabilidades específicas de las autoridades educativas, que son legalmente responsables de proteger el derecho a la educación y de otros interesados del sector. Esto puede incluir la movilización de recursos, el mantenimiento y el desarrollo de infraestructura y la coordinación con organismos externos y otros sectores, entre ellos los que se ocupan de la seguridad alimentaria, la salud, la higiene, la nutrición, el suministro de agua y el saneamiento.

Los planes de acción deben incorporar el monitoreo y la evaluación periódica para ayudar a mantener una amplia participación de la comunidad.

Los niños, niñas y jóvenes tienen derecho a ser escuchados en las cuestiones que afectan sus propias vidas, incluidos el desarrollo y la administración del sistema educativo. Deben ser invitados a participar en discusiones en ambientes seguros, protectores y acogedores que afiancen el respeto por el diálogo constructivo. Se pueden usar formas culturalmente apropiadas de ayudarlos a expresarse, como el arte, la música y el teatro.

Se debe capacitar a los niños, niñas y jóvenes para proteger su bienestar emocional y social y el de sus familiares y compañeros. Ellos suelen ser de gran ayuda para reconocer quiénes están ausentes de la escuela después de una emergencia y ayudarlos a que se reintegren. También pueden ayudar a los compañeros que han sufrido lesiones o tienen alguna discapacidad a acceder a las oportunidades educativas. El desarrollo de capacidades debe poner énfasis en sus habilidades para iniciar cambios positivos, incluida la consolidación de la paz y atacar las causas profundas de los conflictos y desastres. Por ejemplo, la capacitación puede ayudar a los niños y jóvenes a denunciar y prevenir el abuso dentro del ambiente de aprendizaje y a mediar entre pares o participar en la resolución de conflictos.

Tareas tales como distribuir suministros o construir refugios pueden brindar oportunidades a los jóvenes para participar en la planificación e implementación de actividades que son importantes para sus comunidades. Tal participación puede ofrecer alternativas positivas al involucramiento en actividades delictivas o grupos armados y además tiene importantes beneficios psicosociales y ayuda a la comunidad en general a apreciar las contribuciones de los jóvenes. La participación de los jóvenes en la planificación, el monitoreo y la evaluación de los programas educativos, en particular en materia de enseñanza de habilidades y oficios, ayuda a garantizar que estos programas satisfagan sus necesidades actuales y futuras. Deben hacerse esfuerzos especiales para estimular a las niñas y a las mujeres jóvenes a participar, de modo que sus voces sean escuchadas, porque su acceso a la educación y sus necesidades educativas pueden diferir de las de sus compañeros varones (ver también las Normas mínimas para la recuperación económica postcrisis de la Red SEEP, específicamente las normas en materia de generación de empleo y de desarrollo empresarial).

Son evaluaciones comunitarias de un programa educativo. Se usan para:

• determinar los recursos humanos y financieros y los materiales disponibles para el programa;
• reconocer deficiencias;
• controlar la efectividad del programa.

Puede que no siempre sea posible realizar auditorías sociales al principio o en etapas intermedias de una emergencia. Sin embargo, en contextos de crisis crónicas de largo plazo o de primeras tareas de recuperación, las auditorías sociales hacen que las comunidades puedan mejorar su capacidad de controlar más eficazmente los programas educativos y documentar las violaciones a sus derechos. La participación en auditorías sociales es especialmente importante para los jóvenes, en particular para aquellos que no participan de la educación formal o no formal. Es importante compartir los resultados de las auditorías sociales con todos los miembros de la comunidad y las autoridades pertinentes.

El desarrollo de capacidades fortalece el conocimiento, la capacidad, las habilidades y la conducta para ayudar a individuos y organizaciones a alcanzar sus objetivos. Debe hacerse el máximo esfuerzo para seleccionar, dentro de la población afectada, expertos en educación, incluso maestros, otro personal educativo y desarrolladores de planes de estudios, para que participen en la planificación y aplicación del programa. Si no es posible seleccionar expertos locales, o si no se encuentran personas que puedan o quieran ayudar a reestablecer el sistema educativo, entonces pueden resultar apropiadas ciertas actividades de desarrollo de la capacidad para miembros de la comunidad. El análisis debe examinar las diferentes capacidades, necesidades y respuestas de las niñas y los niños, los jóvenes y los adultos de la comunidad, incluidos los grupos vulnerables. Los programas de capacitación deben evaluar la capacidad de la comunidad para reconocer necesidades de capacitación y otro tipo de desarrollo de capacidades, así como formas de atenderlas. Tales actividades deben promover la propiedad y el mantenimiento del programa educativo por la comunidad y la coordinación con otros sectores.