Participación del sector privado en la Educación en situaciones de emergencia: Derechos y regulaciones

Los esfuerzos por alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4) han dado lugar a la necesidad de una participación mayor del sector privado, afirmando que las empresas y fundaciones pueden desempeñar un papel importante como socios en la Educación en situaciones de Emergencias (EeE). A su vez, los actores privados cada vez están más involucrados en distintos aspectos de la planificación de la EeE, dando lugar a tensiones asociadas a las actividades y funciones específicas de actores con fines de lucro en la intervención humanitaria.

Mientras el mundo continúa lidiando con el impacto del COVID-19 en la educación, el sector privado ha adquirido un papel importante en la facilitación de la enseñanza virtual y en el suministro de tecnología educativa en el contexto del cierre de escuelas a gran escala. Este momento crítico resalta la necesidad de una comprensión más clara de los asuntos y debates estratégicos relativos a la participación de actores con fines de lucro en la educación durante tiempos de crisis, así como formas de resolver las posibles tensiones que puedan derivar de dicha participación. 

En el nuevo Informe de abogacía de la INEE, Participación del sector privado en la Educación en situaciones de emergencia: Derechos y regulaciones,  analizamos algunas de las tensiones surgidas por la implicación de actores con fines de lucro en la EeE y hacemos recomendaciones para defender la priorización de una educación pública segura, igualitaria y de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes afectados por crisis.

Los principios clave, que derivan de normas legales, establecen el papel del Estado para proteger el derecho a la educación y para ser el principal responsable de proporcionar educación incluso en emergencias. Éstos incluyen  convenciones globales sobre los derechos de la niñez y los refugiados, así como el derecho internacional humanitario , sistemas de desarrollo basados en derechos, como el ODS4, y principios de orientación de la educación en contextos de emergencia, como las Normas Mínimas de la INEE. Además, los Principios de Abidjan exponen las obligaciones de los gobiernos sobre los derechos humanos para proporcionar educación pública a todos a través de su jurisdicción y a la vez defender sistemas de regulación para la participación del sector privado.

Mientras que los Principios de Abidjan clarifican las obligaciones de los gobiernos sobre los derechos humanos para proporcionar educación pública y regular la implicación de actores privados en la educación, las directrices sobre el papel de dichos actores en situaciones de crisis no están tan claras. El informe abarca esta particular encrucijada alineando los Principios de Abidjan con las Normas Mínimas de la INEE.

Analizando los diversos cometidos y asuntos que surgen de la participación de actores con fines de lucro en la EeE, hemos identificado y desentrañado tensiones relativas a: la financiación privada de la EeE; la necesidad de flexibilidad y rapidez en la respuesta; el apoyo del sector privado en tecnología e innovación; la oferta educativa a través de colaboraciones público-privadas y escuelas privadas de bajo coste; la implicación del sector privado en la creación de políticas y en la incidencia política.

Abogamos por un derecho más amplio a la educación y la consecución del ODS4 destacando siete recomendaciones clave para los gobiernos, los donantes y actores no gubernamentales para garantizar una participación efectiva del sector privado en la EeE.

Recomendaciones clave para la participación del sector privado en la EeE:

• Dar prioridad al principio humanitario de “no hacer daño”. Todas las actividades del sector privado en la EeE deben seguir el principio de “no hacer daño” y garantizar los derechos educacionales de las poblaciones afectadas.
• Priorizar la participación de las comunidades afectadas. Si la comunidad no participa activamente, las intervenciones apoyadas por las empresas corren el riesgo de ser diseñadas e implementadas de forma descontextualizada y no alineada con los intereses y sistemas de aprendizaje locales. Esto conduce a resultados educativos deficientes y a prácticas potencialmente discriminatorias que producen, sustentan o agudizan los conflictos. 
• Promover la sostenibilidad a largo plazo de la educación pública. La participación efectiva del sector privado en la EeE requiere un compromiso sostenido y continuo con la educación pública. 
• Promover la transparencia en las actividades de búsqueda de beneficios. La transparencia en cuanto a las condiciones de financiación y las actividades con fines de lucro como la creación de nuevos mercados para los productos, la asociación de marcas y las pruebas de productos, puede ayudar a identificar los conflictos de interés contrarios al principio de “no hacer daño”. 
• Regular las actividades del sector privado.  Los actores del sector privado involucrados en la educación en situaciones de emergencia deben ser regulados por el Estado y someterse a los mismos principios de rendición de cuentas que otros actores no gubernamentales y agencias y entidades del estado, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos jurídicamente vinculantes, para garantizar la calidad, la equidad y la accesibilidad, especialmente en lo que respecta a los estudiantes y las familias afectadas por las crisis.
• Asegurarse de que la financiación privada a la EeE sea transparente, equitativa y armonizada. Cuando los recursos financieros, materiales y humanos locales disponibles no pueden satisfacer las necesidades educativas, la implicación con actores privados puede ser una opción y a veces incluso una necesidad. Sin embargo, la financiación privada no debe socavar la propiedad nacional y local de los programas educativos. Además, es necesaria una financiación constante y previsible para generar impacto en la EeE, a través de la cual la financiación privada de emergencia se alinea con acuerdos de financiación a largo plazo y estrategias de salida.
• Desarrollar directrices específicas para la participación del sector privado en la EeE. En vista de los problemas específicos que surgen de la participación del sector privado en la EeE, una adición a los Principios de Abidjan que aborda directamente estos problemas ayudaría a esclarecer qué se espera de la respuesta gubernamental.

 Las opiniones expresadas en este blog son las de los autores  

Francine Menashy es profesora asociada en el Departamento del Departamento de Liderazgo en la Educación de la Universidad de Massachusetts en Boston.

Zeena Zakharia es profesora adjunta de Política Educativa Internacional en la Universidad de Maryland, College Park