La Educación en Emergencias en el Marco de la Política Pública de Gestión Integral del Riesgo Escolar y Educación en Emergencias en Colombia
Este blog reconoce la entrada en vigor de la Resolución 6519 del 1 de abril de 2025, mediante la cual el Ministerio de Educación Nacional adoptó el documento técnico de lineamientos generales de la Política Pública de Gestión Integral del Riesgo Escolar y Educación en Emergencias (GIRE). Desde la perspectiva de la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE), esta medida constituye un avance importante en la integración de estándares internacionales con las políticas públicas nacionales, fortaleciendo así la capacidad del sistema educativo colombiano para responder ante amenazas diversas.
Este instrumento normativo es producto de un proceso acumulado durante décadas, articulado por entidades estatales, territoriales, sociedad civil y cooperación internacional. Basado en los principios de continuidad educativa, gestión del riesgo y garantía de derechos, responde al contexto colombiano caracterizado por una geografía propensa a desastres naturales y el impacto persistente del conflicto armado interno. Más de 1.500 instituciones educativas han sido afectadas en la última década por eventos naturales, y muchas otras han sufrido consecuencias del conflicto, evidenciando la urgencia de implementar estrategias integrales que aseguren entornos educativos seguros y resilientes.
GIRE: Un Plan Integral para la Continuidad Educativa
La GIRE se estructura como una política esencial que responde a leyes como la Ley 1523 de 2012, la Ley 1448 de 2011 y la Ley 2427 de 2024, y se sustenta también en el mandato de la Sentencia SU032 de 2022, que obliga al Estado a garantizar el derecho a la educación en contextos de emergencia. Reconociendo que el riesgo resulta de la interacción entre amenazas, vulnerabilidades y capacidades, la política establece condiciones para la continuidad educativa frente a riesgos tanto naturales como antrópicos, incluyendo los relacionados con el conflicto armado.
Componentes Clave de la GIRE
La política gira en torno a tres procesos fundamentales: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, operativizados mediante instrumentos técnicos:
Los Planes de Gestión Integral del Riesgo Escolar (PGIRE) permiten a las instituciones educativas integrar la gestión del riesgo en su planeación institucional, abordando amenazas, diseñando rutas de evacuación, fortaleciendo capacidades y garantizando continuidad educativa. Estos planes deben incluir estrategias específicas para la educación en emergencias, protección psicosocial y protocolos de restablecimiento educativo.
Por su parte, los Planes Territoriales de GIRE (PTGIRE) son desarrollados por las Secretarías de Educación en coordinación con los Comités Territoriales. Se construyen a partir de diagnósticos detallados del contexto regional, y orientan la respuesta educativa según niveles de riesgo, sirviendo de referencia para la elaboración de los PGIRE en cada institución.
Los procesos que articulan la GIRE incluyen:
- Conocimiento del riesgo, enfocado en identificación, análisis y comunicación de amenazas;
- Reducción del riesgo, mediante acciones preventivas, fortalecimiento de capacidades y mejora de infraestructura;
- Manejo de desastres, centrado en preparación, respuesta y recuperación, incluyendo planes de evacuación y protocolos de crisis.
La implementación de la GIRE descansa en estructuras institucionales y territoriales como los Comités Institucionales GIRE, integrados por miembros de la comunidad escolar responsables de ejecutar los PGIRE; los Comités Territoriales GIRE, que coordinan la implementación de los PTGIRE y brindan asistencia técnica; y las Mesas Territoriales GIRE, que facilitan la articulación con actores del sector educativo, cooperación internacional y sociedad civil.
Estándares Internacionales en Educación en Emergencias
Un aspecto medular de la GIRE es su alineación con las Normas Mínimas para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE). La Resolución 6519 de 2025 establece que el enfoque de derechos humanos y los estándares internacionales guían la implementación de la política.
Se incorporan elementos clave de los cinco ámbitos de las Normas Mínimas:
- Participación comunitaria, con énfasis en la construcción participativa de los PGIRE y la vinculación con los PTGIRE;
- Coordinación y gestión, mediante la articulación multiescalar a través de Mesas y Comités Territoriales;
- Análisis de contexto, expresado en los diagnósticos territoriales e institucionales;
- Acceso y entorno de aprendizaje, con medidas de reubicación temporal, rutas escolares seguras y atención psicosocial;
- Calidad y pertinencia educativa, integrando contenidos sobre riesgo y resiliencia en el currículo y mediante formación docente continua.
De este modo, PGIRE y PTGIRE no solo son herramientas de planificación, sino mecanismos efectivos para implementar progresivamente estándares internacionales, adaptados a contextos locales. La política contempla un sistema de monitoreo con indicadores de permanencia, calidad, enfoque diferencial y participación, promoviendo rendición de cuentas.
La efectividad de la GIRE depende de consolidar sus instrumentos y escenarios de articulación. Los PGIRE y PTGIRE ofrecen una hoja de ruta para gestionar riesgos de forma coherente y coordinada. Los Comités Institucionales y Territoriales articulan acciones educativas con los lineamientos nacionales, mientras que las Mesas Territoriales permiten movilizar recursos y coordinar estrategias intersectoriales adaptadas al riesgo.
El seguimiento y evaluación, establecidos en la Resolución 6519, son fundamentales para ajustar las intervenciones e incorporar aprendizajes que fortalezcan la mejora continua de la política.
Desafíos y Futuro de la GIRE
La entrada en vigor de esta política representa un hito para la educación colombiana, pero también expone desafíos relevantes. Persisten brechas en capacidades técnicas en las Entidades Territoriales, inequidades en infraestructura, y limitaciones en la integración curricular de la educación en emergencias. La sostenibilidad financiera, la articulación intersectorial y la formación continua del talento humano son ámbitos que requieren fortalecimiento.
La Resolución plantea el desarrollo de una estrategia pedagógica y técnica nacional-territorial que consolide entornos educativos protectores y resilientes. Esto implica garantizar la participación activa de comunidades, familias y estudiantes, fortalecer el sistema de evaluación, y asegurar el cumplimiento pleno de las normas INEE.
Más allá del avance normativo, la política representa una apuesta por una transformación educativa capaz de proteger el derecho a la educación incluso en contextos de emergencia. Su implementación sostenida y contextualizada será clave para garantizar que el sistema educativo colombiano no solo enfrente las crisis, sino que se fortalezca y prospere en medio de ellas.