Dominio
Quinto ámbito: Política educativa

Las normas de este ámbito se centran en la formulación de políticas y en su planificación, promulgación y aplicación.

 

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Acciones clave y orientaciones para:

Las autoridades educativas dan prioridad a la continuidad y la recuperación de la educación de calidad, incluido el acceso libre e inclusivo a los estudios.

Acciones clave

Las leyes, reglamentaciones y políticas educativas nacionales respaldan el carácter protegido de los establecimientos educativos, los educandos, los maestros y demás personal educativo, conforme lo establece el derecho internacional humanitario y los derechos humanos.

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Las leyes, reglamentaciones y políticas educativas nacionales respetan, protegen y satisfacen el derecho a la educación y garantizan la continuidad de la educación.

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Las leyes, reglamentaciones y políticas garantizan que todos los establecimientos educativos reconstruidos o reemplazados son seguros

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Las leyes, reglamentaciones y políticas se basan en un análisis del contexto, realizado en el marco de un proceso participativo e inclusivo

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Las políticas educativas nacionales cuentan con el respaldo de planes de acción, leyes y presupuestos que permiten una respuesta rápida ante situaciones de emergencia

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Las leyes, reglamentaciones y políticas permiten que las escuelas para refugiados usen el plan de estudios y el idioma del país o la región de origen

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Las leyes, reglamentaciones y políticas permiten que actores no estatales, como las ONG y los organismos del sistema de Naciones Unidas, establezcan programas de educación en situaciones de emergencia.

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Notas de orientación
1
Deber de la autoridad nacional de respetar, proteger y satisfacer el derecho a la educación

Este deber está establecido en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Estos instrumentos de derechos humanos incluyen disposiciones internacionales sobre la atención de las poblaciones, con particular énfasis en los niños, niñas y jóvenes. Abarcan esferas tales como la nutrición, la recreación, la cultura, la prevención de los abusos y la educación preescolar para los niños y niñas menores de seis años. La Convención sobre los Derechos del Niño es particularmente importante pues cubre el derecho de los niños y niñas a la educación y sus derechos dentro del proceso educativo, como el derecho a ser consultados sobre las decisiones que los afectan, el derecho a ser tratados con respeto y el derecho a conocer sus derechos

Los educandos, los maestros y el personal educativo tienen carácter civil, al igual que los edificios destinados a la educación. Todos ellos están protegidos contra los ataques armados por los Convenios de Ginebra, que forman parte del derecho internacional humanitario reconocido por todos los países. Las autoridades nacionales y los interesados internacionales deben apoyar iniciativas para que las leyes y prácticas nacionales reflejen este carácter protegido, y prevenir el uso de las instalaciones educativas para fines militares.

Cuando la violencia amenaza la continuidad de la educación y la protección de la infancia, debe darse prioridad a promover la educación, los derechos humanos y el derecho humanitario pertinente a la educación. Es fundamental efectuar seguimientos y denunciar los ataques contra los educandos, el personal y los establecimientos educativos o la ocupación de éstos. Esto garantiza el respeto de la dignidad de las víctimas y conduce a la coordinación de la respuesta, la investigación y los procesos judiciales

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2
Leyes y políticas educativas nacionales.

Las leyes y políticas educativas nacionales deben garantizar la continuidad de la educación para todos. Los planes de contingencia nacionales y locales relativos a las escuelas deben contemplar las amenazas conocidas, previstas y recurrentes. Esto incluye desastres a pequeña escala, 115 Normas mínimas para la educación: Preparación, respuesta, recuperación como las inundaciones repetidas, que provocan impactos negativos acumulativos en la educación. Deben considerarse las necesidades particulares de los niños, niñas y jóvenes vulnerables. En los países que no cuentan con leyes de respuesta para la educación ante situaciones de emergencia o desastre, la situación de emergencia constituye una oportunidad para crearlas.

Los servicios de desarrollo de la primera infancia para los niños y niñas que aún no tienen edad escolar y sus padres o tutores deben incluirse en las políticas y programas educativos. Los servicios pueden incluir:

  • atención temprana y grupos para padres y madres;
  • grupos de juego;
  • inclusión de los niños pequeños en actividades en espacios seguros;
  • vínculos con servicios de salud, nutrición y otros

En los países que cuentan con políticas nacionales sobre la juventud, las situaciones de emergencia constituyen oportunidades para consolidar el trabajo intersectorial en la educación centrada en los jóvenes. En los países donde no existen políticas nacionales sobre la juventud, los interesados pertinentes deben nombrar un coordinador para que se encargue de los problemas de los jóvenes en las situaciones de crisis. Debe trabajarse en colaboración en la planificación e implementación de los programas y las políticas intersectoriales que contemplen las cuestiones relacionadas con los jóvenes. Las políticas nacionales sobre la juventud que se elaboren deben basarse en un análisis de los diferentes intereses e influencias de los subgrupos de jóvenes y las oportunidades y los riesgos de las diversas formas de participación de los jóvenes. Una política nacional sobre la juventud complementa los marcos nacionales relativos a:

  • la educación;
  • la enseñanza y capacitación técnica y vocacional;
  • la preparación para situaciones de emergencia.
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3
Seguridad en las escuelas nuevas y reconstruidas

Las escuelas deben situarse en espacios seguros, protegidos contra los peligros y amenazas conocidos y se las debe diseñar y construir de manera tal que sean resistentes. Debe preverse espacio suficiente para que las clases no se interrumpan en las situaciones de emergencias, en caso de que las escuelas deben usarse como refugios temporales.

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4
Análisis del contexto

Las leyes y políticas educativas deben reflejar un conocimiento cabal de las dinámicas sociales, económicas, de seguridad, ambientales y políticas en el contexto de las situaciones de emergencia. De esta manera, los planes y programas educativos podrán satisfacer las necesidades y los derechos de los educandos y de la comunidad en general y evitar agravar las divisiones o conflictos sociales.

Los análisis del contexto pueden incluir análisis preliminares del conflicto y los derechos humanos y análisis de los riesgos y la preparación para desastres. Las autoridades educativas y demás interesados en materia de educación deben contribuir a analizar el contexto, a los efectos de garantizar que se aborden los problemas del sector educativo. El análisis del contexto requiere importantes esfuerzos de consulta con la comunidad. Las autoridades educativas y demás interesados en materia de educación deben promover que se realicen estos análisis y se los incluya en los procesos habituales de revisión y reforma del sector educativo.

El análisis de riesgos incluye analizar los riesgos de corrupción en el entorno político, administrativo y humanitario. El debate acerca de la corrupción debe ser lo más amplio posible en las etapas de planificación e implementación de las respuestas para la educación ante situaciones de emergencia. El debate abierto es la mejor forma de elaborar políticas anticorrupción eficaces. La discusión sobre los problemas de corrupción no significa condonar la corrupción ni presumir la vulnerabilidad de un actor en particular.

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5
Intercambio de información y sistemas de información

Los responsables de desarrollar e implementar las políticas educativas deben intercambiar información sobre las políticas y las respuestas estratégicas. Esto es particularmente importante para mitigar los conflictos y los 117 Normas mínimas para la educación: Preparación, respuesta, recuperación desastres. La información debe poder comprenderse fácilmente y estar a disposición de todos (ver también la nota de orientación 3 de la norma 1 en materia de coordinación).

Las leyes, reglamentaciones y políticas deben crearse a partir de información fiable. Los datos de los sistemas de información sobre la administración de la educación deben estar vinculados a información sobre las zonas y los grupos de población expuestos a ciertos tipos de situaciones de emergencia. Esto es una estrategia de preparación que contribuye a la planificación nacional y local de la educación. Siempre que sea posible, los datos sobre la educación reunidos por la comunidad deben ingresarse a un sistema de información sobre la administración de la educación (ver también la nota de orientación 3 de la norma 3 en materia de análisis)

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6
Marcos de preparativos para casos de desastre

La educación debe formar parte de los marcos nacionales de preparación para casos de desastre. Deben preverse los recursos necesarios para ofrecer una respuesta efectiva y oportuna para la educación. Los interesados internacionales que apoyan programas nacionales o locales de educación deben promover la preparación de la respuesta de emergencia para la educación en el marco de los programas de desarrollo.

Los marcos de preparación deben contar con disposiciones que prevean explícitamente la participación de los niños, niñas y jóvenes en los esfuerzos de respuesta a escala comunitaria.

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7
No discriminación

Las autoridades educativas deben garantizar que la educación llegue a todos los grupos de manera equitativa. Según el derecho internacional, los refugiados deben gozar de los mismos derechos a la educación que los ciudadanos del país en lo que respecta a la enseñanza elemental. En niveles superiores, los refugiados deben tener acceso a estudios, reconocimiento de certificados de estudios, diplomas y títulos universitarios, exención de derechos y cargas y acceso a becas en términos equivalentes a los ciudadanos del país de acogida. Los educandos internamente desplazados mantienen los mismos derechos a la educación que los no desplazados. Los protegen el derecho internacional y nacional en materia de derechos humanos y los principios rectores aplicables a los desplazamientos internos.

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8
Actores no gubernamentales y de las Naciones Unidas

Se les debe permitir complementar la prestación de los servicios nacionales de educación para garantizar que se satisfagan las necesidades y los derechos a la educación de todos los educandos. El país anfitrión facilitará su acceso para que instalen programas y establecimientos y se pueda responder rápidamente y de manera segura a las situaciones de emergencia. Esto puede incluir mecanismos acelerados para obtener visados y disposiciones de aduanas especiales para los materiales didácticos y de socorro.

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Las actividades educativas tienen en cuenta las políticas, las leyes, las normas y los planes internacionales y nacionales y las necesidades de aprendizaje de las poblaciones afectadas.

Acciones clave

Los programas educativos formales y no formales reflejan los marcos jurídicos y las políticas internacionales y nacionales.

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La planificación e implementación de actividades educativas se integran en otros sectores de respuesta ante situaciones de emergencia.

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Los programas de educación para situaciones de emergencia están vinculados con los planes y estrategias educativos nacionales y se encuentran integrados en el desarrollo a más largo plazo del sector de la educación.

Las autoridades educativas desarrollan e implementan planes educativos nacionales y locales que preparan y permiten responder ante las situaciones de emergencia presentes y futuras.

Vea las notas de orientación:

Los recursos financieros, técnicos, materiales y humanos son suficientes para desarrollar de manera efectiva y transparente políticas educativas y para planificar e implementar programas educativos.

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Notas de orientación
1
Atención de los derechos y objetivos de la educación

Los programas de educación formal y no formal deben ofrecer actividades educativas inclusivas que respondan a los derechos y objetivos de la educación. Deben tener la misma orientación que los marcos jurídicos nacionales e internacionales.

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2
Vínculos intersectoriales

Las respuestas relacionadas con la educación, incluso el desarrollo de la primera infancia y las actividades para los jóvenes, deben vincularse con las actividades que se llevan a cabo en otros sectores, como el suministro de agua, el saneamiento y la promoción de la higiene, la nutrición, la seguridad y la ayuda  alimentaria, el refugio, los servicios de salud y la recuperación económica.

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3
Planes educativos nacionales y locales

Estos planes deben especificar las medidas que deberán tomarse en las situaciones de emergencia presentes y futuras. Deben especificar los mecanismos de toma de decisiones, coordinación, seguridad y protección para que haya coordinación intersectorial. Los planes deben basarse en un conocimiento cabal del contexto y deben incluir indicadores y mecanismos de alerta temprana para detectar desastres y conflictos. Deben contar con el respaldo de políticas y marcos educativos apropiados. Debe existir un sistema para efectuar análisis periódicos de los planes educativos nacionales y locales.

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4
Recursos

Las autoridades nacionales, los organismos de ayuda humanitaria, los donantes, las ONG, las comunidades y demás interesados deben trabajar juntos con el fin de garantizar la financiación adecuada para impartir educación en situaciones de emergencia. La coordinación de los recursos debe estar a cargo del país y se la debe integrar en los mecanismos de coordinación existentes. Cuando el contexto lo permita, la asignación de los recursos debe equilibrarse entre:

  • los elementos físicos, como las aulas, los libros de texto y los materiales didácticos adicionales,
  • y los componentes cualitativos, como los cursos de capacitación para docentes y supervisores y los materiales didácticos

Deben asignarse recursos para denunciar de forma sistematizada y centralizada los ataques contra la educación y reunir, analizar e intercambiar datos sobre la educación.

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5
Transparencia y rendición de cuentas

Las autoridades locales, las comunidades y demás interesados en la ayuda humanitaria deben intercambiar información pertinente sobre la planificación e implementación de las políticas, incluidas las prácticas para prevenir la corrupción (tanto en forma monetaria como no monetaria). La transparencia es importante para la efectividad del seguimiento y la rendición de cuentas. Deben existir sistemas confidenciales, adaptados a la cultura, para manejar las denuncias de corrupción. Esto incluye políticas para alentar a las personas a denunciar la corrupción y proteger a quienes lo hagan.

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